La urgencia de la lucha contra la violencia de género requiere acciones contundentes. El patriarcado comenzó a soltar su ancla de la base de la cultura, pero aún quedan demandas por atenderse y situaciones que exigen su fin. Un recorrido por las acciones de Estado. Llegó la hora de correr el velo.
El último informe de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en torno a las perspectivas laborales y sociales en el mundo lo afirma: “los jóvenes, en particular las mujeres jóvenes, siguen viéndose afectadas por el desempleo de manera desproporcionada. Hay que afrontar las persistentes vulnerabilidades sociales vinculadas a la frágil recuperación laboral, principalmente el elevado desempleo de los jóvenes, el desempleo de larga duración y el abandono del mercado de trabajo, sobre todo entre las mujeres. Para ello es preciso emprender reformas del mercado de trabajo inclusivas con objeto de apoyar la participación y promover la calidad del empleo”. Y según el estudio “Las Mujeres en el Trabajo” presentado este año por la organización dependiente de Naciones Unidas, el panorama no es tanto más alentador. El mismo afirma que las mujeres ocupan el 40% de los empleos a escala mundial, (si bien su retribución suele ser inferior) y aunque dirigen una tercera parte de todas las empresas, se trata en su mayoría de microempresas y pequeñas empresas.
En 1995, el 52 % de las mujeres trabajaba frente al 80 % de los hombres. Hoy, esos números son del 50 % y 77 % respectivamente. Las políticas de inclusión y las legislaciones mundiales avanzaron, pero la desigualdad y discriminación aún no se superaron.
De hecho, la escasez de mujeres en la cúspide de cargos de dirección sigue intacta: la tendencia que exhibe la OIT muestra que las mujeres se encuentran en funciones gerenciales en áreas como recursos humanos, relaciones públicas y comunicaciones, finanzas y administración “y, por lo tanto, solo pueden ascender hasta un cierto punto en la jerarquía organizacional” y sólo 5 % o menos de los directores ejecutivos de las mayores empresas del mundo son mujeres. No sólo eso. “Cuanto más grande es la empresa o la organización, menos probabilidades hay de que esté encabezada por una mujer”, denuncia la organización.
Si se dice que, a escala mundial, las mujeres representan “el tercer grupo de mil millones” después de China y la India, ¿por qué se mantiene el techo de cristal?
Silvana Mondino, Co Directora del Programa contra la violencia de género de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), docente universitaria e investigadora, destaca que Argentina cuenta con políticas innovadoras a comparación del resto de los países de la región (En Colombia, por ejemplo, la Ley de Cupos fue declarada inconstitucional), pero a nivel privado, “el mundo es más complejo”.
Para la especialista, el empoderamiento de las mujeres, logrado a través de la capacitación y el acceso a la educación, constituye una de las claves y herramientas tendientes a promover el desarrollo de sus carreras profesionales: “Sabemos que la capacitación en las mujeres ayuda al acceso al mercado laboral y al acceso de cargos de mayor jerarquía organizacional”, afirma Mondino.
Según el Informe Aportes para el Desarrollo Humano en la Argentina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo “Género en el trabajo”, presentado en 2014, se perciben algunos avances en torno a la superación de barreras que dificultaban un escenario más igualitario, pero los hombres son quienes siguen ocupando los puestos de decisión. Hoy en día, cada 10 puestos directivos, alrededor de 3 son ocupados por mujeres. “Aún persisten las desigualdades y las diferencias de jerarquías entre los géneros a la hora de analizar los cargos decisores dentro de organizaciones”, asevera la investigadora.
“En la actualidad las Universidades Nacionales ya no sólo se preocupan por el acceso y la inclusión de las y los estudiantes, la excelencia en sus investigaciones y su labor académica, entre otros, sino también por atender y visibilizar las acciones que cercenan la vida de los y las estudiantes. En tal sentido, la UNSAM cuentan con un Programa en contra de la violencia de género innovador abocado a la sensibilización, investigación, capacitación y orientación a víctimas de violencia de género. Estas acciones promueven el desarrollo académico de futuros y futuras profesionales con una mirada libre de violencia y en pos de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres”, afirma la investigadora.
Por la emancipación económica
La violencia en el mundo laboral se expresa por medio de infinitas formas: a través del acoso, el hostigamiento, las agresiones, la prostitución forzosa y es uno de los factores más importantes que mina el acceso al trabajo decente. Pero la violencia de género, en sí, es una violación a los Derechos Humanos, y su impacto, que incluye consecuencias físicas o emocionales, puede terminar en la muerte.
En este escenario, es innegable la inclusión de la erradicación de violencia dentro de la agenda a nivel internacional. En Argentina, se promulgaron las siguientes leyes (desde la vuelta de la democracia): la Ley 24.012 de Cupo Femenino, la Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, la Ley 24.632 de Aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará (un hito para el país), la Ley 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, entre otras que versan en torno a la Trata de Personas o la igualdad de Trato entre Agentes de la Administración Pública Nacional.
En este sentido, Silvina Zabala, actual subsecretaria general de la presidencia y antigua subsecretaria de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Consejo Nacional de las Mujeres, dice que la problemática de la violencia ha pasado a ser una cuestión publica, “porque si nos remontamos algunos años atrás hubiese sido impensado poner este tema, que uno pudiera abordar el tema de la violencia como una cuestión humana. La violencia en la dictadura era estándar, no reconocía género ni edades. En la democracia esto ganó un espacio dentro del discurso social. Las políticas públicas del Estado comprendieron y multiplicaron la atención en la cuestión de la violencia contra las mujeres”, afirma.
La invisibilización del tema durante años logró que la violencia se naturalizara, pero la irrupción de esto en las noticias, con casos de mujeres desaparecidas en manos de la trata o por sus parejas, comenzó a poner el asunto en escena.
En 2012, el Congreso argentino derogó la figura del avenimiento e incorporó a la legislación penal el delito de femicidio, leyes que formaron parte de un esquema de políticas públicas y de perspectiva de género, aclara Zabala.
El trabajo de la subsecretaria recorre tres áreas: la primera gira en la generación de estadísticas oficiales (que es llevada a cabo en gran medida por las ONG, como la Casa del Encuentro). Para esto, se firmó un convenio con el INDEC en 2012 para tener un registro único de casos de violencia. Estas estadísticas son nutridas por todas las jurisdicciones nacionales o provinciales con registros o denuncias de violencia.
En segundo lugar, y tras la Ley 26.485, se implementó la línea gratuita 144, que actúa las 24 horas todos los días del año y está articulada con la provincia y con organizaciones de la sociedad civil. “Como particularidad, es una línea donde los operadores son profesionales de la psicología o trabajadores sociales que vienen con experiencia previa, ellos hacen lo que se llama la escucha responsable. Dándole credibilidad desnaturalizamos las situaciones de violencia y ponemos la responsabilidad en el agresor. Tratamos de contenerlas y darles credibilidad”, cuenta Zabala.
Por último, otra acción generada desde el organismo, es el patrocinio gratuito, que tiene como ámbito de acción la Ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos ya se sumó a la iniciativa de ofrecer representación legal gratuita a las mujeres víctimas de violación, “y estamos esperando que se sumen otras provincias”, afirma la subsecretaria general de la presidencia.
Por su parte, la directora de Políticas de Género del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia Buenos Aires, Cecilia Gómez Mirada, destacó que en cumplimiento de la Ley 12.569 de Violencia Familiar de la Provincia de Buenos Aires, se determinó que el ministerio será la autoridad de aplicación del registro único de casos, que trabajará con el Indec y con organismos de todas las provincias para recabar datos de casos de violencia.
Además, junto con la Secretaria de Empelo del Ministerio de Trabajo de la Nación, se firmó un convenio para vincular el seguro de empleo para capacitar y fortalecer todas las líneas de búsqueda de empleo de las mujeres víctimas. “En los últimos dos años el Estado fue encaminando las políticas para asistir a las mujeres que denuncian, desde las primeras 48 horas, brindando asistencia en los refugios que están creando los municipios, pero nos faltan profundizar las políticas para generar empleo y ayudarlas a lograr la emancipación económica y conseguir vivienda, una vez que se fortalecen. El Estado se está encaminado en eso”, destaca Gómez Mirada.
La dirección de género cuenta también con un 0800 que asiste a las víctimas y trabaja de manera articulada con los municipios, en el fortalecimiento de las mesas, donde se reúnen una vez por semana para delinear el trabajo de fortalecimiento.
El pedido de comunicadores responsables
“Los medios han sido muy importantes en esto. Han visibilizado momentos y situaciones pero por otro lado creo que la batalla que nos tenemos que dar es empezar a hacer un trabajo de capacitación. Nos falta comenzar una etapa de capacitación”, expone Zabala.
Desde la Subsecretaria, junto a la Sindicatura General de la Nación, trabajan en cursos de capacitación para periodistas con perspectiva de género. “Está bien que los casos sean mostrados, pero no ayuda que muestren a la víctima. Hay que ayudarla a empoderarla para que conozca sus derechos. Sino, los resultados son nefastos”, dice Zabala.
La importancia de trabajar en la capacitación es la pata clave para los medios. Alejarse del show mediático y del abordaje liviano y superficial. En este punto, la Defensoría del Pueblo también trabaja con las denuncias de televidentes que llaman cuando se producen comentarios machistas o sexistas en programas radiales o televisivos, a quienes se les impone penalidades y se los invita a realizar una especialización en el tema de género. “pero no se resuelve de un día para el otro. A pesar de las leyes. Las políticas de gestión específica y las campañas publicitarias, el machismo está arraigado en nuestra cultura”.
“La violencia es trasversal”, también afirma. Es decir, no es una facultad exclusiva de las organizaciones o instituciones dedicadas a la mujer, sino que atraviesa todas las jurisdicciones y facultades. “Todas las áreas del Estado tienen de una u otra manera el tema de la inclusión de género y programas específicos del tema”, subraya.
El programa “Ellas hacen”, del Ministerio de Desarrollo Social es uno de estos ejemplos. Destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad o víctimas de violencia de género, con 3 hijos a su cargo, busca reinsertarlas en trabajos dentro de cooperativas que ayuden con el mejoramiento de sus barrios. Se les otorga además, la posibilidad de terminar sus estudios o de capacitarse.
“No existen recetas mágicas, ni cambios que puedan generarse de un día para otro, pero si acciones que generen un terreno fértil para lograr los objetivos deseados”, dice Mondino. Zabala coincide: “Sigue habiendo reductos machistas y patriarcales. Es una temática que a muchos les causa escozor”. Para Gómez Mirada se debe trabajar en todas las esferas de la vida con perspectiva de género, desde todos los espacios de participación.
Según la OIT “si las tasas de empleo de las mujeres se equipararan con las de los hombres en los Estados Unidos, el PIB aumentaría un 5%. En las economías en desarrollo, el efecto sería aún más pronunciado”.
La marcha “Ni una Menos”, del pasado 3 de junio fue un punto de inflexión. Un llamado de atención al Poder Ejecutivo y Legislativo. Las conquistas son importantes, pero se necesitan más esfuerzos.
